El abogado penalista Vicente ‘Coco’ Campaner presentó el viernes por la tarde en la Fiscalía de Palma la denuncia contra tres jueces del Tribunal Superior de Justicia de Illes Balears (TSJIB) por los supuestos delitos de prevaricación, falsedad documental, encubrimiento y grupo criminal.
«Esta denuncia se presenta ante la Fiscalía de las Islas Baleares y no directamente ante el Tribunal Supremo, pese a tratarse de aforados, por dos razones fundamentales: Primera, porque los hechos han ocurrido en esta Comunidad Autónoma y la Fiscalía de Baleares tiene no solo la competencia funcional, sino también la obligación constitucional y legal de promover la acción de la justicia, incluso en supuestos de aforamiento, tramitando diligencias de investigación e informar de su resultado a la Fiscalía General del Estado. Y segunda, porque el anterior Fiscal Jefe de Baleares fue una pieza clave en el encubrimiento», arranca el escrito. Los jueces aludidos son Antoni Terrasa, Antoni Monserrat y Carlos Gómez, actual presidente del TSJIB.
«Ahora, bajo su dirección, Julio Cano, la Fiscalía de Baleares tiene la oportunidad y la responsabilidad histórica de corregir aquella deriva, romper con la complicidad estructural que la permitió, y devolver a esta institución la legitimidad que nunca debió perder», prosigue el documento de 19 páginas.
Llegados a este punto, Campaner sostiene que solo se pueden dar tres escenarios posibles tras la denuncia: «Que la Fiscalía investigue los hechos contra los denunciados, que se me persiga a mí por injurias graves y calumnias, o que se produzca una inacción por parte del Ministerio Fiscal, en cuyo caso procederé a denunciar por omisión del deber de perseguir delitos».
En el relato de hechos, la denuncia detalla que «en el año 2017, el abogado que suscribe, Vicente Campaner Muñoz, junto con el letrado José Ignacio Herrero Cereceda, interpuso una querella criminal ante el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) contra el juez de instrucción Manuel Penalva y el fiscal Miguel Ángel Subirán, por delitos de fabricación de pruebas, manipulación de testigos protegidos, y concertación para incriminar a inocentes».
continuación, se añade: «La decisión de los magistrados Antoni Terrassa y Antoni Montserrat de inadmitir la querella carece de toda justificación razonable, tanto desde el punto de vista fáctico como jurídico. La única interpretación lógica, objetiva y conforme a las reglas de la experiencia es que dictaron resoluciones injustas con pleno conocimiento de su ilegalidad, con el deliberado propósito de proteger y encubrir los presuntos delitos cometidos por el juez Penalva, el fiscal Subirán y varios agentes de la Policía Nacional».
Fuente: ultimahora.es
