El juzgado de Instrucción que investiga al exjuez Manuel Penalva y al exfiscal Miguel Ángel Subirán por su actuación en el ‘caso Cursach’ acordó ayer imputar a un funcionario del Ajuntament de Calvià. El empleado público había sido citado para declarar como testigo. Durante meses actuó en la administración municipal identificándose como el «mandatario verbal» de Penalva y dando instrucciones en nombre del juzgado. Su principal actuación llevó al cierre temporal de la discoteca BCM en 2016 en una actuación que luego se calificó como «desvío de poder» por el Consell Consultiu.
Al comparecer en el juzgado, el fiscal superior de la Comunitat Valenciana, que es quien actúa en este causa, pidió que se le tomara declaración como investigado ante la posible participación del funcionario en un delito de prevaricación junto a Penalva. La juez acordó la medida como garantía procesal. El mismo funcionario ya declaró sobre su actuación durante el juicio del ‘Caso Cursach’. Entonces relató en la Audiencia que fue citado en el juzgado por Penalva y que fue presionado por este y por Subirán para que adoptara decisiones en contra del empresario. Afirmó que temía ser imputado.
