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Querella de 10 de febrero de 2019 contra el Juez Penalva y el Fiscal Subirán por revelación de secretos

La denuncia que vamos a desarrollar en esta entrada data del 10 de Febrero de 2019.

¿En qué consiste?

Es una querella contra el juez Penalva y el fiscal Subirán por revelar secretos. Concretamente, se dedicaron a revelar información de la causa mientras ésta estaba bajo secreto de sumario. El artículo que contempla el delito es muy claro:

Art. 417: La autoridad o funcionario público que revelare secretos o informaciones de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o cargo y que no deban ser divulgados, incurrirá en la pena de multa de doce a dieciocho meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años.

¿Cuáles son los diferentes motivos por los que se les denuncia?

1. Hablar con testigos y prepararles para realizar sus respectivas declaraciones es algo totalmente ILEGAL.

Pues bien, tanto Penalva como Subirán hablan abiertamente con la Testigo Protegida 31 y le dan una información que no pueden darle. Así, de forma nada profesional y con el claro objetivo de condicionarla y direccionar sus declaraciones. ¿Las pruebas? Aquí las tenéis:

Se trata de las mismas conversaciones de whatssap (en protocolo notarial y pantallazos) que os adjuntamos en la denuncia archivada. En aquel momento os señalamos los delitos que se desprenden del contenido. No obstante, en esta ocasión focalizamos en el mero hecho de que facilitar información de una causa bajo secreto de sumario es ILEGAL.

2. Una vez que apartaron a Penalva del caso ya se había levantado el secreto de sumario y sólo quedaban dos piezas secretas sujetas a investigación y a las que -como es evidente- la prensa no podía ni debía acceder.

Sin embargo, en mayo de 2018 hubo una filtración que se publica directamente en el Diario de Mallorca. Entonces los abogados solicitan que se investigue tal suceso pero el nuevo juez decide no hacer nada al respecto.

Ante la pasividad de indagar en el asunto, se repiten los hechos y el 25 de julio de 2018 el periodista Kiko Mestre de Diario de Mallorca publica una noticia que da información sobre una pieza separada que todavía estaba declarada secreta.

¿Qué narra la noticia?

Un supuesto delito en el que -según las declaraciones de testigos protegidos- el Grupo Cursach había defraudado 51 millones de euros a la Hacienda Pública y a la Seguridad Social.

En la noticia aparece una foto de un carrito del mercadona lleno de expedientes judiciales, que eran los documentos en los que Blanqueo de Capitales elaboró un informe que concluía el supuesto fraude y además pedía la detención de 18 personas…

¿Qué pasó tras la publicación?

Los abogados vuelven a presentar escritos para que se investiguen de una vez estas filtraciones.

¿Quién está filtrando información? ¿Quién se está riendo así de la legalidad?

Los agentes de la policía nacional a la que se les asigna el caso empiezan a tomar declaración a los principales sospechosos; el grupo de blanqueo de capitales y de sus testimonios extraen que la foto del carrito fue tomada por el policía Iván, ya que éste la había subido a un grupo de whatsapp denominado «BLANQUEO RULES».  Imaginaros en qué consisten las normas de blanqueo y a qué distancia están de lo que marcan las leyes…

De esta manera, detienen a dos policías: al que está en todos los delitos, el oficial Iván y al jefe de BLANQUEO RULES, al inspector del Grupo de Blanqueo por filtrar la información al medio.

Pero…¿quién más está involucrado en las filtraciones? A estas alturas de la historia imagino que ya sabréis la respuesta: Penalva y Subirán. ¿Cómo puede ser? Pues muy sencillo y de risa: los policías que realizaron la investigación mencionan en un atestado que dos días antes de que se publicara la segunda noticia el fiscal y el juez intercambiaron llamadas con Kiko Mestre, el periodista en cuestión.

Así de claro lo dejan los agentes, a los que desde aquí aplaudimos su valentía:

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¿Por qué TODOS LOS INVESTIGADORES deciden filtrar información?

El trueque con el periódico es claro: ellos les dan exclusivas -aunque sean mentiras sin contrastar y su difusión sea, además, ilegal- y el periódico les asegura que la opinión pública se posicione conforme a sus intereses. Con lo cual la masacre de meter a inocentes en prisión resulta cada vez más sencilla.

Y con un juez y un fiscal que delinquen a dos manos de una forma ya más que probada… ¿cómo pensáis que ha sido la instrucción en la causa? Pues justa ya os aseguro que está más que descartado.

¿Qué pasó cuando el informe sobre el supuesto fraude llegó al nuevo juez?

Pues con una dosis de sensatez dijo que, antes de imputarles los delitos y detenerles como pedía el jefe del grupo de la policía nacional de BLANQUEO RULES el informe debía ser revisado por Hacienda y la Seguridad Social. Así fue y ambas instituciones tacharon a los policías del grupo de Blanqueo de mentirosos.  He aquí otro ejemplo de cómo quieren imputar a gente con el mero hecho de señalarles y con una ausencia total de pruebas.

Aunque en la querella no hicimos alusión al informe demoledor de hacienda porque no es necesario para lo que pedimos que investiguen, lo subimos y os explicamos un poco lo que profesionales de verdad, les dijeron.

Conclusión del informe:

El informe concluye claramente que con los datos que contaba la policía jamás se puede llegar a esas conclusiones, ya que no son pruebas sino meros indicios. Además, el informe que han presentado para denunciar el supuesto fraude está lleno de imprecisiones, contradicciones y deficiencias. Finalmente, advierten la audacia de los investigadores al no usar la correcta aplicación de la normativa tributaria con el fin de perjudicar al Grupo Cursach.

Básicamente, los profesionales de Hacienda consideran que este informe es absurdo y ridículo ya que ellos son los que llevan años actuando con rigurosidad contra el Grupo Cursach y poniendo toda la documentación al alcance del Juzgado para que no haya lugar a dudas. Entonces, ¿a qué viene inventarse tal fraude de la nada?

Finalmente aseguran que los policías han tenido en cuenta documentos para perjudicar que no tienen nada que ver con los hechos y critican cómo elevan a dogma de fe lo que dicen los testigos, cuando sus manifestaciones no vienen corroboradas con nada, ni tampoco saben cuál es su grado de credibilidad.

Denuncian que la policía hace trampas para llegar a los supuestos delitos ya que no restan importes de la cuota de IVA, pues los testigos hablan de dinero en bruto.

Vaya, que además de mentir lo hacen bastante mal.

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3. Otro delito claro y simple por el que se interpone esta denuncia es la prueba adjunta en la que podemos ver como María Antonia, una funcionaria del Juzgado y que es la mujer del juez Penalva habla con la Testigo Protegida 31 y la llama por su nombre de verdad. ¿Cómo puede saber su nombre si está en régimen de protección?  Vosotros diréis…

4. El último hecho con el que concluye esta denuncia es volver a hacer hincapié en que Subirán ha sido un cooperador necesario de un falso testimonio. ¿Cómo? Pues como os explicamos en una de las denuncias archivadas -e ignoradas- el fiscal se dedicó, durante la declaración por videoconferencia del Testigo Protegido 26, a mandar mensajes de whatsapp a un policía que estaba con él y le chivaba lo que tenía que decir:

Ante la evidencia del delito que se estaba cometiendo durante esa declaración y la vergüenza que causaba a las personas que accedían a él, en la públicación que hizo el periódico Ultima Hora, los abogados no consideraron necesario encargar ninguna prueba para probar lo evidente. No obstante, fue un fallo ya que el TSJIB decidió hacer oídos sordos -nunca mejor dicho- y se atrevió a decir que no era cierto que se escucharan voces que indicaban qué decir al testigo.

Pese a la claridad del delito, dijeron no oír nada y cuando el abogado Vicente Campaner se lo recriminó diciéndoles que estaban encubriendo al Fiscal le imputaron un delito de calumnias por el que la Fiscalía le solicita una condena 50.000 euros de multa y una indemnización de 3.000 euros a cada magistrado…

Sin embargo, en esta ocasión los abogados -cansados de que se ignoren pruebas concluyentes- deciden encargar dos periciales para que señalen la realidad que ellos son los únicos que no ven: en el vídeo se pueden ver tanto el trasiego de whatsapps como las voces del policía emitiendo el mensaje en el momento previo a que el testigo declare.

DOC.CUATRO.2_2-_Censurado-1-1

DOC.CUATRO.1_2_Censurado-1-2

Como postre de un capítulo tan surrealista como los anteriores, y como ejemplo de que esa no sería la primera vez que los investigadores adoctrinan y manipulan a un “testigo”, os dejamos un vídeo de un careo que se hizo el 26 de febrero de 2016 entre varios policías locales investigados en la causa y el testigo protegido número 13 “ICO” (hijo de la “Paca de Son Baña”), en el que se ve, gracias a que se dejaron la cámara encendida en el interval de tiempo entre un careo y otro, se puede ver como como el juez Penalva, el fiscall Subirán y su lacayo más active, el policía Ivan, hacen trampas para que “el ICO” dijera lo que necesitaban para seguir imputando a la gente sin ton ni son.

Podréis ver un hombre que se va de la Sala mientras que el fiscal Subiran le cuenta a Penalva que no le gusta que esté ahí porque es un boicoteador. ¿Sabéis quién es el susodicho? El Secretario Juidcial, una persona cuya obligación es dar fe de que TODO lo que ocurre en la sala se hace conforme a la ley. Pues nada, esta figura decide desaparecer del mapa y el fiscal y el juez siguen instruyendo al Ico para que no se equivoque y declare lo que han acordado. Una broma, ¿no? Ojalá, pero no… tres policías locales fueron a prisión por la palabra de un traficante de droga, multireincidente, toxicómano que no se sostenía de píe y al que le tenían que ayudar para poder seguir metiendo a inocentes en prisión.                   

Pues con un capítulo más de vergüenza y jugadas traperas esperamos de nuevo la respuesta del TSJIB. Seguimos en la próxima entrada con más pero sin todavía poder decir mejor.

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